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Impulsan normas para luchar contra terrorismo y lavado

El ministro de Justicia, Julio Alak, informó el envío al Congreso de un proyecto de ley modificatorio del Código Penal, para favorecer la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Además enviará un proyecto que penalizará la manipulación del mercado financiero.

Alak brindó ayer una conferencia de prensa en la sede de su cartera, acompañado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella.

Anunció un conjunto de medidas destinado a "profundizar y fortalecer la estrategia nacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", informó la cartera de Justicia.

El ministro informó el envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley modificatorio del Código Penal, que establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento.

También anuncio un proyecto de ley que penaliza la manipulación del mercado financiero; un decreto que crea el Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; y una resolución que establece procedimientos para la regulación, supervisión y sanción de las tareas de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Alak sostuvo que el conjunto de medidas “tiene como objetivo seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales en la materia".

Explicó que están "en un todo de acuerdo con las convenciones internacionales incorporadas por nuestro país, como por ejemplo la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.

En torno del terrorismo, la iniciativa que el Ejecutivo remitió al Congreso prevé la creación de "un agravante específico de las penas en la parte general del Código Penal", indicó Justicia.

La cartera detalló que las medidas propuestas incluyen "a todos los delitos que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Alak explicó que “la nueva tipificación del delito de terrorismo mejora y amplía la normativa legal argentina sin afectar los derechos humanos y excluye expresamente que puedan ser considerados actos terroristas las acciones realizadas en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, como la protesta social”.

Por otra parte, indicó que se crea un nuevo tipo penal de "financiamiento del terrorismo", que prevé penas de 5 a 15 años de prisión, para "el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos".

Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que esté organizada en redes internacionales.

En cuanto a los delitos vinculados a la manipulación del mercado, Vanoli, sostuvo que “se incorporan al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la CNV”.

El funcionario explicó que “la nueva normativa incluye la tipificación del delito de abuso de información privilegiada, la manipulación de valores negociables, la captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero".

Señaló Vanoli que esas "conductas que no se encontraban incorporadas al Código Penal y que resultan herramientas necesarias para fortalecer al Estado en su misión de proteger la estabilidad económica y el sistema financiero, en concordancia con la legislación de los países desarrollados”.

El ministro anunció también la creación en la órbita del Ministerio de Justicia, de un Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene por misión principal la elaboración, monitoreo, evaluación y diagnóstico de los planes de implementación de las reformas legales impulsadas en la materia.

Por último, como parte del paquete de medidas que se anunció hoy, se procederá a la reglamentación de un sistema de regulación, supervisión y sanción que complementa las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, para mejorar las acciones de esa organización de control.

Sbatella explicó que “con motivo de la puesta a punto de la implementación de la nueva ley antilavado y debido al incremento de las tareas de supervisión de los sujetos obligados, su fiscalización y sanción, desde la UIF implementamos una resolución que, con la colaboración de todos los sujetos obligados, aporta transparencia al sistema de inspección en base a análisis de riesgo”.

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