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Admitió la Cámara a UIF como querellante en una causa por narcotráfico

Fue confirmado en segunda instancia el fallo que ordena mantener congelados los bienes del colombiano Meyerdorff requeridos por la Unidad de Información Financiera. Justifica la Cámara la decisión por la que "el castigo del narcotráfico y del lavado de activos obligan a proceder sin demora".

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la inhibición general de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias pertenecientes al detenido ciudadano colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, por entender que esas medidas cautelares, requeridas por la Unidad de Información Financiera (UIF), impedirán el aprovechamiento de fondos que “inequívocamente provienen de un delito trasnacional cuyas ganancias excedentes se estarían lavando en el país”.

“Las medidas cautelares se ajustan a derecho”, sostuvo la sala A de la Cámara, y explicó que “los compromisos internacionales asumidos por nuestro país con relación a la persecución y castigo de narcotráfico y del lavado de activos obligan a proceder sin demora alguna y con debida precaución”.

Álvarez Meyendorff fue detenido en abril pasado en Argentina por pedido de un tribunal de Nueva York que promovió su captura internacional bajo cargos de tráfico de drogas; el arresto se concretó cuando ya existían denuncias en su contra por posibles ilícitos registrados en Argentina.

En el año 2008, la UIF –que ahora es querellante en el proceso- había denunciado a Álvarez Meyendorff ante la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (UFILAVDIN), mediante una presentación que dio origen a una causa que, en principio, fue radicada ante la Justicia Federal.

Sin embargo, las sucesivas contiendas de competencia entre magistrados demoraron las investigaciones.

Finalmente, la Cámara declaró competente al juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, que admitió a la UIF como querellante y ordenó las medidas cautelares propuestas por el organismo.

Es decir, la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias del detenido, cuyos movimientos financieros habían sido reportados a la Unidad como operaciones sospechosas.

La defensa impugnó las medidas cautelares y su apelación recayó en la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, ante la cual la UIF planteó que, debido a los indicios sobre la ilicitud del origen de los bienes de Álvarez Meyendorff, éstos debían ser bloqueados de manera de “evitar que se consolide su provecho”.

En consonancia con la UIF, el tribunal dijo ahora que “el delito de lavado de activos sólo requiere una comprobación genérica de la actividad delictiva previa que permita la exclusión de otros orígenes posibles, tal como sucede en este caso”, y ordenó mantener congelados los bienes del acusado para impedir su transferencia u ocultamiento.

La decisión del tribunal es relevante por cuanto ha dictado medidas que, aún en un estado incipiente de las investigaciones, impiden la libre disposición de beneficios que habrían sido producto de actividades delictivas, asegurando así activos que, oportunamente, podrían ser decomisados.

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